Partidos políticos y ciudadanos chocan ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) por los Lineamientos para el registro de personas pertenecientes a grupos vulnerables en el proceso electoral 2023-2024.
Mientras los primeros refrendan su derecho a postular a los candidatos que ellos consideren, los segundos reclaman que un solo registro de personas de grupos vulnerables es insuficiente para representar al 55.3 de la población.
Los partidos que impugnaron el acuerdo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac ), número 379/2023 fueron el Partido Encuentro Solidario Morelos (PES), representado por Elizabeth Carrizosa Díaz, quien argumentó que el Consejo se excedió en la aprobación de dichos lineamientos al pretender calificar los registros que los partidos presenten sobre sus candidaturas, asegurando que no tiene facultades para eso.
El Partido Movimiento Alternativa Social (MAS), representado por Enrique Paredes, argumentó en su recurso de apelación que los Lineamientos “vulneran” la privacidad de las personas, tanto de la comunidad LGBTI, como afrodescendientes, al excederse en la solicitud de documentos, con lo que intenta evadirse de la obligación de registrar, por lo menos, a una fórmula de las personas de grupos vulnerables.
En contraste, los juicios de protección de los derechos político electorales del ciudadano, JDC/01, JDC/02 y JDC/04, refieren las omisiones que los consejeros electorales cometieron a la hora de elaborar los Lineamientos, en los que, en aras de cumplir a puntillas lo que el Congreso incorporó al Código Electoral, se limitaron a establecer la obligación de los partidos de registrar una sola fórmula para grupos vulnerables, con independencia del grupo que la componga: personas LGBTI, afrodescendientes, jóvenes, discapacitados o adultos mayores.
En el JDC/02 se señala la violación al principio de progresividad de la Constitución, pues al establecer ese mecanismo no se garantiza una protección amplia de los derechos de estos grupos vulnerables.
El juicio JDC/04-2024, promovido por mujeres de la comunidad afro morelense, refiere que el CEE omitió garantizar su derecho a ser votadas.
“Queda en evidencia que la autoridad electoral es negligente al pretender que con una sola fórmula podrá garantizar al 55.3% de la población su derecho a ser votados”, es decir, a todos los que integran los grupos vulnerables.
En la opinión de los ciudadanos que sienten violentados sus derechos, el Consejo Estatal Electoral, presidido por la consejera Mireya Galy, “no hizo lo suficiente para garantizar el ejercicio de los derechos político electorales. El Impepac ha fallado para determinar a la comunidad negra”, expresaron.
